Carlos Jiménez Villarejo, ex-fiscal Anticorrupció, ha fet pública una carta de suport a la candidatura d'ICV-EUia en la que, a manera de decàleg, detalla les raons per las quals votarà la llista encapçada pel Joan Herrera. Es tracta d'un document sumament clarificador.Votar a J. Herrera es hacerlo por todas las candidaturas de ICV-EUiA en Catalunya.
Ante el panorama de una campaña electoral con más espectáculo que ideología y una excesiva demagogia, centrada en “a ver quién da más”, resulta indispensable apoyar a quienes ofrecen una auténtica política de izquierdas, acreditada en la anterior legislatura, para construir una sociedad más igualitaria y más justa frente a los poderosos. La coalición que encabeza J.Herrera ya ha contribuido decisivamente en el proceso de construcción del Estado del Bienestar y, ahora, debe ser apoyada para aumentar el peso de la izquierda en el futuro Gobierno de España. Hay muchas razones para prestarle el apoyo que necesitan, para votarles. Hay muchas razones, entre las que están las siguientes.
1.- Es la única formación política que plantea “una reforma fiscal para mejorar la progresividad y la equidad del sistema fiscal”, es decir, un sistema de impuestos capaz de generar más riqueza para realizar una más justa redistribución de la misma entre las clases mas desfavorecidas. Es la única propuesta admisible cuando se sabe que el 86% de las grandes fortunas españolas, con un patrimonio superior a las 10 millones de euros, no declara el Impuesto sobre el Patrimonio. O cuando se sabe, lo saben el PP y el PSOE, que en los últimos diez años muchas empresas españolas han deslocalizado capitales hacia paraísos fiscales, europeos y en las Islas Caimán, por mas de 6.000 millones de euros. J. Herrera solo plantea que el Gobierno practique la política del Gobierno aleman que ha decidido “apretar los tornillos” a los paraísos fiscales europeos para contener el fraude de las grandes fortunas de aquel país. Sobre todo, en un país como el nuestro donde el fraude fiscal representa el 23% del PIB.
2.- J. Herrera, en el Grupo Parlamentario de IU-ICV, ha actuado eficazmente para garantizar la transparencia de los partidos políticos en su sistema de financiación. La Ley de Financiación le debe mucho a esta coalición política. Para suprimir las donaciones anónimas, fuente de sumisión de los partidos a los poderes fácticos. Para aumentar la transparencia en la relación de los partidos con las entidades de crédito. Particularmente, ante operaciones financieras irregulares, como la condonación de intereses -una forma encubierta de donación prohibida-, condonación de la que se han beneficiado indebidamente el PSC-siete millones de euros- y Esquerra -dos millones setecientos mil- .
3.- Como asimismo defendió, contra el criterio del PP y del PSOE, que, como viene exigiendo el Consejo de Europa, las formas más graves de financiación irregular de los partidos se consideren delictivas como factor de prevención y de represión de la utilización de la política como medio de enriquecimiento personal o de los propios partidos.
4.- En aras de una efectiva ética en la actividad pública, la coalición ha defendido y exigido, aunque sin éxito por falta de apoyos parlamentarios, que los Altos Cargos de la Administración Central desde que cesen en sus cargos dejen de percibir el 80% de sus anteriores retribuciones, que además son compatibles con las que perciban en cualquier actividad privada o pública posterior. El pago de dichas retribuciones representó al erario público, cuando cesó el Gobierno del PP, un coste de 2.940.341 euros. Una verdadera inmoralidad contra la que levantó la voz J. Herrera y su Grupo.
5.- J. Herrera y la coalición que encabeza es un ejemplo de actividad política entendida como servicio a los intereses generales. Por ello, cuando se descubrió el mayor fraude fiscal de nuestra historia, el atribuido al B. de Santander por un importe aproximado de 84 millones de euros, ejerció la acción popular y acusó a E. Botin. Solo el concierto de fiscales y tribunales, con una posición tan infundada como improcedente, ha hecho posible lo insólito, que ni siquiera se celebre el juicio contra los acusados que, por tanto, no han quedado exculpados.
6.- Ante la corrupción urbanística, expresada de forma palmaria en el Informe del Parlamento europeo sobre el “enladrillado” del litoral mediterráneo, J. Herrera reclamó en el Congreso de Diputados (5-5-2006), reformas legales sobre la planificación urbanística, mayor control ciudadano sobre dicha actividad pública, garantías de sostenibilidad en el desarrollo urbano y respuestas eficaces ante las demandas y necesidades de los ciudadanos. Así consiguió importantes avances en la Ley del Suelo y en actualización y modernización del régimen de incompatibilidades de Alcades y Concejales, así como en lo relativo al control sobre sus bienes. Hizo frente de forma abierta y eficaz al “urbanismo basura” para contener y evitar la colusión de concejales e intereses inmobiliarios.
7.- Coherentemente con su firme posición contra la corrupción, ha planteado en el Congreso la aplicación inmediata de la Convención de NNUU contra la corrupción (2003), proponiendo reformas para hacer más eficaz la lucha contra esa amenaza para la democracia, tanto en la investigación criminal como en la sanción de conductas que ya los Gobiernos anteriores debían haber llevado a cabo, como considerar delictivo el “enriquecimiento ilícito” de los servidores públicos. Además de ampliar los plazos para declarar prescritos esta clase de delitos, los de corrupción y fraude fiscal, para evitar situaciones como la Sentencia del Tribunal Consticional sobre los “Albertos” dejando sin efecto la condena penal que le había sido impuesta, que solo puede incrementar aún más la desconfianza respecto de los tribunales y la desmoralización cívica.
8.- Como aplicación de una política fundada en la igualdad ante la ley y la no-discriminación, la coalición que representa J. Herrera ha procurado constantemente ante el Gobierno, mediante constantes Preguntas e Interpelaciones, garantizar los derechos de los inmigrantes contra cualquier forma de discriminación y de xenofobia, ha exigido políticas presididas por el principio de igualdad de trato, particularmente en las relaciones laborales, ha denunciado las expulsiones en frontera sin ninguna formalidad, ha denunciado las condiciones y la propia existencia de los Centros de Internamientos de Extranjeros y, entre otras muchas iniciativas, ha reclamado el derecho al voto de los mismos, como en otros países europeos. Ha sido un ejemplo de política de respeto y de integración hacia quienes ya representan el 10,3 % de los cotizantes a la Seguridad Social.
9.- J. Herrera ha denunciado vigorosamente los Acuerdos con el Vaticano exigiendo que el Gobierno supere sus complacencias con la Jerarquía católica para construir un Estado laico. El Acuerdo vigente de 1976 afirma que el Estado español reconoce (haciendo referencia a la Ley franquista de libertad religiosa de 1967, derogada en 1980) que “debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica”, afirmación radicalmente incompatible con el planteamiento constitucional. Y los Acuerdos de 1979 sobre enseñanza se firmaron cuando la Constitución acababa de entrar en vigor, pero se negociaron bajo la presión de una jerarquía ávida de conservar sus privilegios antes de que aquella fuera aprobada. La Jerarquía está violando sistemáticamente la Ley de libertad religiosa en cuanto presiona y coacciona a colectivos sociales a los que no admite en la plenitud de sus derechos.
10.- Finalmente, hay otra buena razón para votar ICV-EUiA, el papel que ha jugado en la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica. Sencillamente, sin dicha coalición hoy no habría Ley o sería manifiestamente inaceptable. Gracias a J. Herrera, la Ley condena el franquismo, lo declara ilegal e ilegítimo y, por tanto, causante de gravisimas violaciones de los derechos humanos, declara que sus Tribunales, procesos y condenas eran contrarios a los principios de un juicio justo y así, sucesivamente, hasta constituir la herramienta legal que cierra el proceso de la transición, consuma la ruptura y abre nuevas perspectivas a todos los ciudadanos y organizaciones cívicas para reclamar derechos, acceder a los archivos y, sobre todo, investigar el destino de los represaliados desaparecidos.
Son algunas razones y sólidas para no abstenerse y, sobre todo, para votar a una fuerza de izquierda transformadora y radical, ICV-EUiA.
1.- Es la única formación política que plantea “una reforma fiscal para mejorar la progresividad y la equidad del sistema fiscal”, es decir, un sistema de impuestos capaz de generar más riqueza para realizar una más justa redistribución de la misma entre las clases mas desfavorecidas. Es la única propuesta admisible cuando se sabe que el 86% de las grandes fortunas españolas, con un patrimonio superior a las 10 millones de euros, no declara el Impuesto sobre el Patrimonio. O cuando se sabe, lo saben el PP y el PSOE, que en los últimos diez años muchas empresas españolas han deslocalizado capitales hacia paraísos fiscales, europeos y en las Islas Caimán, por mas de 6.000 millones de euros. J. Herrera solo plantea que el Gobierno practique la política del Gobierno aleman que ha decidido “apretar los tornillos” a los paraísos fiscales europeos para contener el fraude de las grandes fortunas de aquel país. Sobre todo, en un país como el nuestro donde el fraude fiscal representa el 23% del PIB.
2.- J. Herrera, en el Grupo Parlamentario de IU-ICV, ha actuado eficazmente para garantizar la transparencia de los partidos políticos en su sistema de financiación. La Ley de Financiación le debe mucho a esta coalición política. Para suprimir las donaciones anónimas, fuente de sumisión de los partidos a los poderes fácticos. Para aumentar la transparencia en la relación de los partidos con las entidades de crédito. Particularmente, ante operaciones financieras irregulares, como la condonación de intereses -una forma encubierta de donación prohibida-, condonación de la que se han beneficiado indebidamente el PSC-siete millones de euros- y Esquerra -dos millones setecientos mil- .
3.- Como asimismo defendió, contra el criterio del PP y del PSOE, que, como viene exigiendo el Consejo de Europa, las formas más graves de financiación irregular de los partidos se consideren delictivas como factor de prevención y de represión de la utilización de la política como medio de enriquecimiento personal o de los propios partidos.
4.- En aras de una efectiva ética en la actividad pública, la coalición ha defendido y exigido, aunque sin éxito por falta de apoyos parlamentarios, que los Altos Cargos de la Administración Central desde que cesen en sus cargos dejen de percibir el 80% de sus anteriores retribuciones, que además son compatibles con las que perciban en cualquier actividad privada o pública posterior. El pago de dichas retribuciones representó al erario público, cuando cesó el Gobierno del PP, un coste de 2.940.341 euros. Una verdadera inmoralidad contra la que levantó la voz J. Herrera y su Grupo.
5.- J. Herrera y la coalición que encabeza es un ejemplo de actividad política entendida como servicio a los intereses generales. Por ello, cuando se descubrió el mayor fraude fiscal de nuestra historia, el atribuido al B. de Santander por un importe aproximado de 84 millones de euros, ejerció la acción popular y acusó a E. Botin. Solo el concierto de fiscales y tribunales, con una posición tan infundada como improcedente, ha hecho posible lo insólito, que ni siquiera se celebre el juicio contra los acusados que, por tanto, no han quedado exculpados.6.- Ante la corrupción urbanística, expresada de forma palmaria en el Informe del Parlamento europeo sobre el “enladrillado” del litoral mediterráneo, J. Herrera reclamó en el Congreso de Diputados (5-5-2006), reformas legales sobre la planificación urbanística, mayor control ciudadano sobre dicha actividad pública, garantías de sostenibilidad en el desarrollo urbano y respuestas eficaces ante las demandas y necesidades de los ciudadanos. Así consiguió importantes avances en la Ley del Suelo y en actualización y modernización del régimen de incompatibilidades de Alcades y Concejales, así como en lo relativo al control sobre sus bienes. Hizo frente de forma abierta y eficaz al “urbanismo basura” para contener y evitar la colusión de concejales e intereses inmobiliarios.
7.- Coherentemente con su firme posición contra la corrupción, ha planteado en el Congreso la aplicación inmediata de la Convención de NNUU contra la corrupción (2003), proponiendo reformas para hacer más eficaz la lucha contra esa amenaza para la democracia, tanto en la investigación criminal como en la sanción de conductas que ya los Gobiernos anteriores debían haber llevado a cabo, como considerar delictivo el “enriquecimiento ilícito” de los servidores públicos. Además de ampliar los plazos para declarar prescritos esta clase de delitos, los de corrupción y fraude fiscal, para evitar situaciones como la Sentencia del Tribunal Consticional sobre los “Albertos” dejando sin efecto la condena penal que le había sido impuesta, que solo puede incrementar aún más la desconfianza respecto de los tribunales y la desmoralización cívica.
8.- Como aplicación de una política fundada en la igualdad ante la ley y la no-discriminación, la coalición que representa J. Herrera ha procurado constantemente ante el Gobierno, mediante constantes Preguntas e Interpelaciones, garantizar los derechos de los inmigrantes contra cualquier forma de discriminación y de xenofobia, ha exigido políticas presididas por el principio de igualdad de trato, particularmente en las relaciones laborales, ha denunciado las expulsiones en frontera sin ninguna formalidad, ha denunciado las condiciones y la propia existencia de los Centros de Internamientos de Extranjeros y, entre otras muchas iniciativas, ha reclamado el derecho al voto de los mismos, como en otros países europeos. Ha sido un ejemplo de política de respeto y de integración hacia quienes ya representan el 10,3 % de los cotizantes a la Seguridad Social.
9.- J. Herrera ha denunciado vigorosamente los Acuerdos con el Vaticano exigiendo que el Gobierno supere sus complacencias con la Jerarquía católica para construir un Estado laico. El Acuerdo vigente de 1976 afirma que el Estado español reconoce (haciendo referencia a la Ley franquista de libertad religiosa de 1967, derogada en 1980) que “debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica”, afirmación radicalmente incompatible con el planteamiento constitucional. Y los Acuerdos de 1979 sobre enseñanza se firmaron cuando la Constitución acababa de entrar en vigor, pero se negociaron bajo la presión de una jerarquía ávida de conservar sus privilegios antes de que aquella fuera aprobada. La Jerarquía está violando sistemáticamente la Ley de libertad religiosa en cuanto presiona y coacciona a colectivos sociales a los que no admite en la plenitud de sus derechos.
10.- Finalmente, hay otra buena razón para votar ICV-EUiA, el papel que ha jugado en la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica. Sencillamente, sin dicha coalición hoy no habría Ley o sería manifiestamente inaceptable. Gracias a J. Herrera, la Ley condena el franquismo, lo declara ilegal e ilegítimo y, por tanto, causante de gravisimas violaciones de los derechos humanos, declara que sus Tribunales, procesos y condenas eran contrarios a los principios de un juicio justo y así, sucesivamente, hasta constituir la herramienta legal que cierra el proceso de la transición, consuma la ruptura y abre nuevas perspectivas a todos los ciudadanos y organizaciones cívicas para reclamar derechos, acceder a los archivos y, sobre todo, investigar el destino de los represaliados desaparecidos.
Son algunas razones y sólidas para no abstenerse y, sobre todo, para votar a una fuerza de izquierda transformadora y radical, ICV-EUiA.
Carlos Jiménez Villarejo.
